Tercera suspención parcial de la Ley de Medios

La jueza federal Olga Pura de Arrabal, con asiento en Mendoza, suspendió la aplicación de toda la ley de medios audiovisuales, porque encontró que el Congreso habría incurrido en serias irregularidades reglamentarias durante el trámite de sanción de la ley y pidió informes al Poder Ejecutivo y al Congreso.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Pura de Arrabal en una causa promovida por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza). Esta es la tercera medida cautelar contra la ley de medios en siete días, pero el fallo es mucho más amplio, en sus alcances, que los dictados por el juez federal Edmundo Carbone, de la Capital Federal, y por el juez federal Miguel Medina, de Salta.

Esas resoluciones pusieron de relieve importantes cuestionamientos a la validez constitucional de esos artículos y suspendieron la vigencia de esas normas, sin perjuicio de que otros tramos de la ley sí continúen vigentes. La resolución de Medina, sin embargo, pretendió ir más allá en sus alcances y ordenó al Poder Ejecutivo que frenara la reglamentación de la ley.

A diferencia de esos fallos, el dictado por Pura de Arrabal ataca a la ley durante su mismo trámite de sanción: es decir, no parte de dudar de la validez de algunos artículos de una ley vigente, sino que, directamente, acepta provisionalmente -en forma cautelar- que la ley pudo haber sido sancionada con graves vicios durante el procedimiento legislativo: si esto es así, en rigor, la ley nunca debió sancionarse.

Por eso, la magistrada federal ordenó la suspensión de la aplicación de la ley y de todos los actos que la pongan en ejecución y les corrió traslado al Poder Ejecutivo y al Congreso nacional para que brindaran un informe en el plazo de catorce días.

El fallo dictado por la jueza Pura de Arrabal consideró los siguientes puntos:
• Cita un fallo de la Corte (el caso Binotti) que invalidó una decisión legislativa porque había sido adoptada en violación al reglamento legislativo.
• El Amparista acreditó que se había vulnerado el reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 66 de la Constitución, "lo que afecta la legalidad del acto en sí".
• Consideró acreditadas distintas irregularidades, entre ellas, que los despachos de comisión fueron firmados por diputados que no estaban presentes, que no fueron puestos en secretaría a disposición de la prensa para su publicación durante las 24 horas siguientes, ni estuvieron en observación durante siete días hábiles, ni se respetó el quórum. En realidad, no ocurrió nada de ello en la única madrugada que alcanzó para decidir los despachos de comisión y votar en el recinto: para la jueza, la ley tuvo un trámite "vertiginoso, no obstante la extensión de 165 artículos y la calidad de sus disposiciones".
• Señala que la ley, por su contenido, podría violar el artículo 32 de la Constitución nacional -que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta- y el artículo 13 de la Convención Americana.
• Para justificar la decisión de suspender la norma en su plenitud, explicó: "No hacerlo implicaría poner en ejecución una norma impugnada como nula desde su nacimiento".
Fuente: diario la Nación del 22/12/2009

Mientras nuestras instituciones luchen por la supremacía de la Constitución y el respetos de sus garantías civiles, estaremos dándole batalla a los candidatos, tipo tiranosaurus rex, que pretendan hacer de esta nación republicana y federal, una republiqueta sometida por el autoritarismo vetusto de politiqueros mediocres.

Los tres jueces de mi Patria me honran y me llenan de esperanza en la justicia, a pesar de todas las falencias, que a diario se ocupan muchos de enumerar.