El deber de tolerancia no implica renunciar a la propia identidad.

La tolerancia no puede llevar a la intolerancia de acabar con los símbolos de una cultura

Es muy esclarecedor leer atentamente los fundamentos que se han vertido, durante la audiencia extraordinaria, convocada luego la sentencia que estableció que “el Crucifijo constituye un atentado a la libertad de conciencia y al derecho del ciudadano a recibir una formación según sus convicciones religiosas o filosóficas”.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las diferentes partes interesadas expresaron la necesidad de defender el derecho a la identidad nacional, a los símbolos de su cultura, en tanto no agreden el deber de tolerancia religiosa en los habitantes.

Joseph Weiler, represente de varios gobiernos europeos explicó que “en Europa no existe un único modelo en las relaciones Iglesia-Estado: basta ver las diferencias entre la laicidad francesa o el caso británico, donde la Reina es jefe de la Iglesia Anglicana. Otros casos son el de Suecia, Dinamarca o Grecia... "En muchos de estos Estados 'no-laicos', amplios sectores de la población, incluso la mayoría, ya no son religiosos. Sin embargo, la continua presencia de símbolos religiosos en sus lugares públicos y estatales es aceptada por la población como parte de la identidad nacional, y como un acto de tolerancia hacia los compatriotas".
"Los países de la Europa de hoy han abierto sus puertas a muchos nuevos residentes y ciudadanos. Les debemos todas las garantías de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Les debemos respeto, bienvenida y no discriminación. Pero el mensaje de tolerancia hacia el otro no debería ser traducido como un mensaje de intolerancia hacia la propia identidad"

El representante del Estado italiano, Nicola Lettieri, explicó que "no hay ningún prejuicio real en esta cuestión. Si uno mantiene una relación privilegiada con una religión, si expone símbolos religiosos, no va en contra de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. La única frontera que no hay que superar es la de buscar el adoctrinamiento o el proselitismo".
"Si el crucifijo está presente en las aulas, el motivo no es el adoctrinamiento, sino que es una expresión de un sentimiento popular que constituye el fundamento de la identidad nacional", añadió.

Gregor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia confía en que “el Tribunal haya entendido que el derecho de los no creyentes a no creer puede eclipsar el derecho de los creyentes"…” que no se puede exigir que un Estado renuncie a su identidad más profunda en nombre de la tolerancia". "El pluralismo debería comenzar con el respeto entre los países", y considera sumamente significativo el que catorce Estados miembros del Consejo de Europa se hayan opuesto a la sentencia y hayan apoyado a Italia.

La decisión del Tribunal será pronunciada en otoño o incluso quizá en Navidad.

Si bien todos estamos llamados a la tolerancia hacia nuestros hermanos, no debemos por ello perder nuestra identidad.
En Argentina estamos viviendo una batalla legislativa y popular dado que se pretende, invocando no discriminación y tolerancia, legalizar el matrimonio gay y el derecho a la adopción. Estos grupos que se autoproclaman minoría sexual, pretenden imponer sus intereses individuales sobre nuestra identidad no solo cultural, sino natural.
¿Estaremos en condiciones de comprender que la tolerancia no implica la renuncia a la propia identidad natural y cultural como pueblo y nación? ¿Sabremos defender nuestra identidad por sobre las transgresiones de grupos que son tolerados y respetados?

Fuente: diario ZENIT Por Jesús Colina del 30/06/2010

Cancer por los agroquímicos sojeros

Prohíben fumigar en una zona con alto índice de enfermedades por contaminación.

Desde hace diez años, en barrio Ituzaingó se denuncian males vinculados a la fumigación de los campos de soja con glifosato. Aseguran que hay varios casos de cáncer.

La Justicia prohibió que productores de soja fumigaran en los alrededores del barrio de Ituzaungó, en las afueras de Córdoba capital, luego de que durante diez años los
pobladores denunciaran dramáticos episodios de contaminación, como la existencia de "tres o cuatro casos de cáncer" por familia.

El fiscal de Instrucción de Distrito III, Carlos Matheu, estableció como un delito penal la fumigación, especialmente con glifosato, el principal agrotóxico que utiliza el sector sojero, según se informó.

La decisión judicial fue considerada como un triunfo por las "Madres de Ituzaingó", un grupo que lucha por erradicar la contaminación de ese barrio desde 2001 cuando se dieron cuenta que en el lugar "había muchos chicos con barbijos y pañuelos".

Mónica Gatica, presidenta de la entidad, expresó que luego de innumerables reclamos ante los gobiernos municipal, provincial y nacional, y hasta la Organización Mundial de la Salud, se habían hecho varios estudios que determinan que "hay contaminación" y "todos apuntan a los agroquímicos".

El fiscal Matehu advirtió que "fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión".

La medida podría sentar jurisprudencia en todo el país y apunta a dos componentes de las fumigaciones: endusolfan y glifosato.

La idea es fumigar a no menos de 500 metros de distancia de tejidos urbanos y a 1.500 en la medida que ese trabajo se lleve a cabo desde el aire.

En Ituzaingó, una "península urbana" que se interna en una gran extensión de soja fumigado por tierra con máquinas o con avionetas, 200 de los cinco mil habitantes sufren casos de cáncer y según Gatica, "muchos chicos llegan a tener hasta 20 tumores en la cabeza".

El falllo emitido el 31 de diciembre pasado, que recién se conoció esta semana, "llega tarde" según las Madres de Ituzaingó, aunque sirve como precedente para "cientos de pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros", según sostuvo la presidenta de la entidad.

Gatica recordó que las veces que intentaron reclamar ante los propios productores sojeros las recibieron "con palos" y les recordaron que "con las retenciones le daban de comer al barrio".

Noticia del PUNTAL.COM.AR
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Domingo, 28 de Marzo, 2010

ALERTA MÁXIMA: Ahora van por los jueces...

Desde el oficialismo proponen que los jueces den examen cada cuatro años. La iniciativa es del diputado K Alejandro Rossi.

Hace poco éste había pedido investigar la vida privada de los magistrados; propuso investigar a qué clubes van los jueces y si estos mandan sus hijos a colegios privados.

El kirchnerismo quiere dar al Poder Ejecutivo la facultad de revisar cada cuatro años la "idoneidad" de los jueces. Si estos no aprueban un examen se propone someterlos a un juicio político.

La idea, que se da en medio de la ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial, forma parte del proyecto de ley a través del cual el oficialismo aspira a derrotar a la oposición en la batalla por la reforma del Consejo de la Magistratura.

Se busca modificar el nombre y las atribuciones de la "Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial" del Consejo de la Magistratura. Esta tendría la tarea de realizar una evaluación periódica, cada cuatro años, de la idoneidad de los magistrados del Poder Judicial".

El legislador se quejó públicamente por la "perpetuidad" de los jueces en sus cargos, haciendo evidente su desconocimiento sobre le carácter de dichos cargos. Se trata de una garantía constitucional para asegurar la independencia judicial respecto de los otros poderes del Estado.

La Constitución habla de la inamovilidad de los jueces, que sólo pueden ser separados del cargo a través de un juicio político, si es que no renuncian por jubilación, enfermedad o razones personales. Su capacidad sólo es evaluada al momento de su selección en los cuestionados concursos del Consejo de la Magistratura. Y su eventual mal desempeño, en un juicio político.

Está visto que no van a dejar estructura alguna en pie. El régimen K es más destructor que el terremoto que azotó a nuestra hermana Chile.
Debemos declarar el ALERTA MÁXIMA, ya no podemos mantenernos ajenos a la destrucción de las instituciones constitucionales.
Este régimen solo se maneja con el terrorismo político. Cada vez que la oposición muestra su poder, el oficialismo clava sus garras en las instituciones a las que el pueblo puede acudir.

La justicia es la única que nos puede defender de los abusos de un poder despótico como el que están ejerciendo. Si logran desmembrar la Justicia, ya no tendremos un país respirable. Seremos tierra de nadie, campo propicio para todo tipo de autoritarismos y demagogias.

La Justicia advierte y reclama

Al inaugurar el año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lanzó una dura advertencia sobre la independencia entre los tres poderes del Estado, afirmando: "Los jueces no debemos gobernar y los otros poderes no deben judicializar sus decisiones innecesariamente.

Es fundamental que cada poder del Estado cumpla con su función, y los jueces deben poner límites a las decisiones de las mayorías cuando contradicen la Constitución Nacional".

Desde hace tiempo los ciudadanos observan y sufren las consecuencias de la debilidad del principio de separación de poderes. La Constitución Nacional otorga el gobierno del Estado a tres órganos equilibrados e independientes, que se deben controlar mutuamente conforme a un sistema de frenos y contrapesos para garantizar el sistema republicano, representativo y federal.

Los embates de un Poder Ejecutivo hegemónico, manifestación extrema del "hiperpresidencialismo", va haciendo destrozando esos instrumentos, irrumpiendo de manera arbitraria en el ámbito de competencia de los otros poderes y destruyendo las instituciones específicas de control.

Es el Poder Judicial al que dentro de una República le cabe fiscalizar el cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales y legales. Son los magistrados el último estadio ante el cual recurrir para que queden definidas las prerrogativas de los gobernantes, eliminando la arbitrariedad y asegurando la plena vigencia del derecho. Se hace urgente restablecer la seguridad jurídica que permite que se conozcan de antemano las reglas de juego, contenidas en normas jurídicas que operan como diques de contención a los caprichos de quien ostenta el poder.

Cuando estos límites ceden y la observancia de las reglas queda sometida a la conveniencia y a la libre interpretación del ocupante del poder, el edificio institucional se debilita y se pone en riesgo el Estado de Derecho.

Nuestros constituyentes establecieron una justicia independiente capaz de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad constitucional. El electorado se manifestó el 28 de junio pasado contra una forma despótica de ejercer el poder con el deseo de volver al gobierno de la ley, y son los magistrados los encargados de recomponer el orden constitucional en los momentos en que esté seriamente en juego la salud del orden constitucional.

La Justicia, último baluarte de la defensa de la libertad y de todos los otros derechos estratégicos de la ciudadanía, debe desempeñarse libre del manoseo de las fuerzas políticas dominantes. Los argentinos no debemos vivir resignados, sino como ciudadanos libres en un país democrático y con sólidos valores republicanos.

Esta meditación, tomada de la editorial del diario de Cuyo de hoy, es fiel reflejo de lo que experimentamos los argentinos que amamos el Derecho y la Justicia. Cada uno desde su lugar y su trabajo, debe ser un dique de contención de los abusos y atropellos venidos del poder ejecutivo.

Que este tiempo de cuaresma, sea un tiempo de oración, de meditación, de ayuno y abstinencias. Que el espíritu de la Justicia habite en nosotros, y sepamos actuar en consecuencia.

No dejemos que la rutina, el temor o el "no te metas", nos paralice. Luchemos por los derechos que nuestra Constitución nos garantiza. Debemos aunarnos en nuestros reclamos al poder que aún lucha por el bienestar de todos.

Al fin la cordura judicial

La Justicia suspendió el casamiento gay

Apenas un día antes de celebrarse la primera boda homosexual en América latina, una jueza nacional dio lugar ayer a un pedido de nulidad del fallo judicial que había autorizado el matrimonio de José María Di Bello y Alex Freyre.

La decisión implica la "suspensión en forma provisoria" del acto programado para esta tarde en el Registro Civil de Coronel Díaz y Beruti, hasta que un fuero superior dirima la cuestión de fondo.

El procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, confirmó que el gobierno porteño decidió acatar el fallo que suspende el matrimonio gay y señaló que, por lo tanto, la celebración no se realizará como estaba prevista. Las autoridades porteñas analizan una presentación de inhibición del fallo de suspensión del matrimonio, aunque ayer todavía no habían definido una posición.

El fallo firmado ayer por la magistrada subrogante del Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo Civil N° 85, Martha Gómez Alsina, hizo lugar a una medida cautelar presentada por Sabrina Lebed y Miguel Haslop, para que se declarase "la nulidad de la cosa juzgada" al interpretar que un fallo de la justicia porteña en lo contencioso administrativo no podía declarar la inconstitucionalidad de artículos del Código Civil, que, entre otras cosas, exigen la diversidad de sexos para celebrar un matrimonio en la Argentina.

"Está en juego la calidad institucional, porque es grave que una jueza sin competencia tire por la borda 200 años del Código Civil", dijeron los abogados Francisco Roggero y Joaquín Otaegui, representantes de Lebed y Haslop.

"La realidad es que los jueces con competencia, del fuero civil, han rechazado varios planteos similares y lo que acá ocurrió es que hay forum shopping, porque se presentan en cualquier juzgado sin competencia para lograr una sentencia favorable", agregaron los abogados.

Noticia tomada de La Nación.com el1/12/09

A pesar de que nos han tenido en vilo a todos los que amamos el Derecho y sufrimos por los atropellos y salvajadas jurídicas, bienvenida sea esta decisión judicial que pone palos fríos y trae la cordura a la cede tribunalicia nacional.

Es verdad que un tribunal superior deberá hacerce cargo de semejante aberración judicial. Esperemos que la sensatez y la sabiduría triunfen en un tema tan urticante y devastador para las instituciones del derecho de familia.