Las dos Bolivias

En el Norte de Potosí, en el hermano país Bolivia, hace unas semanas comunidades indígenas lincharon a cuatro policías. Si bien no hay declaraciones oficiales, se está hablando de que los mataron a palos.

Aunque no se conocen las causas concretas, se sabe que el conflicto que viven esas comunidades con la policía es el contrabando de autos usados, provenientes de Chile.

A pesar de la corrupción policial que es moneda corriente, según lo informan los medios de comunicación del país, fueron “Los contrabandistas de Cochabamba y Santa Cruz quienes han usado a los hermanos de los ayllus (comunidades indígenas), los han hecho pisar el palito”, manifestó el diputado indígena Luis Gallego.

Este hecho es una aberrante ejecución, seguida de una negociación mafiosa donde se pretendió la impunidad a cambio de la entrega de los cuerpos a 13 días de los homicidios.

Luego de varias reuniones entre policías, familiares y jefes comunitarios de los ayllus, se logró la entrega de los cuerpos. Los familiares de las víctimas tuvieron que presentar un compromiso escrito en el que desistían de acciones penales como de pedir autopsias. También se acordó con la policía permitir el contrabando de automóviles en esa zona.

Este homicidio múltiple de personas de las fuerzas de seguridad del estado, cometido por comunidades indígenas, invocando una justicia comunitaria independiente de la nacional, muestra la falta de integración y respeto por las leyes e instituciones del Estado Boliviano.

Este hecho evidencia la falta de legitimidad y coerción de las leyes que organizan ese país. Mientras existan estos linchamientos y pujas entre las comunidades indígenas y la sociedad organizada conforme al derecho, estaremos presenciando dos Bolivias; una venida desde las entrañas de la civilización inca, y otra que intenta organizarse conforme las corrientes modernas del Derecho.

Si bien los familiares de las víctimas, manifestaron que quedaron con las manos atadas para reclamar por justicia, sabemos que legalmente los homicidios son delitos de orden público, por lo que mas allá de las renuncias particulares, el Estado debe investigar y ajusticiar tales actos.

Será cuestión de los bolivianos decidir si quieren vivir regidos por las decisiones tribales o por leyes e instituciones que los reconozcan a todos iguales ante la ley, teniendo derecho a un juicio justo y con penas que no importen la muerte a palos.